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Horta és Futur señala que inmobiliarias y bancos poseen más del 50% de l’horta afectada por el PGOU

Miembros de la campaña ‘Horta és Futur’ han indicado este lunes que las inmobiliarias y los bancos poseen más del 50 por ciento de la propiedad de la huerta afectadas por el Plan General Ordenación Urbanística (PGOU), según un estudio del colectivo basado en la identificación de los propietarios de 103 parcelas repartidas por la zona de l’horta afectada por el plan.

Así lo ha señalado la plataforma en un comunicado en el que ha indicado que, aunque el estudio no tiene extensión suficiente como para contabilizar el total de la superficie acumulada por las promotoras en la huerta de valencia, “sí deja claro la importante dimensión de las adquisiciones”.

Según ha explicado, Valencia dispone de más de 57.000 hogares vacíos y otros 38.000 solares para construir con unas perspectivas de seguir perdiendo población — unos 30.000 vecinos en los últimos años.

A su juicio, en un contexto así es “muy difícil entender la urgencia mostrada por el Ayuntamiento de Valencia para aprobar antes de las elecciones un PGOU que estaba olvidado en el cajón desde 2010” y, posteriormente, considera que el anuncio de dejar “para la próxima legislatura” la aprobación de la revisión del plan “tan solo un capítulo de un proyecto básicamente especulativo”.

Asimismo, el documento desvela que a partir de el año 2003 “una quincena de empresas promotoras se lanzaron a adquirir terrenos no urbanizables, sobre todo antes de que se anunciara la revisión oficial del PGOU en abril de 2004”. De hecho, los años de “máxima euforia compradora” se produjeron en 2005 y 2006, entre el anuncio de la revisión y el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, ha apuntado.

Según indican, diferentes inmobiliarias “se dedicaron a adquirir terrenos en sectores concretos de la zona y se repartieron lo que incluso ahora, diez años después es huerta protegida”. Así, ha apuntado que la operación era “especialmente lucrativa” al tratarse de parcelas de sol no urbanizable protegida y, así, terrenos con un aprovechamiento muy limitado y con un valor inmobiliario muy bajo, “pasarían a adquirir un valor mayor después de la reclasificación”.

ZONAS

El informe refleja que más de la mitad de las parcelas investigadas eran propiedad de inmobiliaria con una “reseñable tendencia a concentrar sus comprar en determinadas sectores”.

Por ejemplo, en Natzaret se concentraron las adquisiciones entre 2004 y 2007 de la inmobiliaria Urbanismo Nuevo Siglo SL que dispone de un mínimo de 17.000 metros cuadrados. “Esta inmobiliaria tiene como apoderado solidario a Vicente Prieto presidente del grupo Secopsa y que es una empresa vinculada con el ayuntamiento de Valencia, que en 2012, le adjudicó la contrata de mantenimiento de 500 edificios municipales hasta el 2016 con posibilidad de prórroga”.

Asimismo, en este barrio de la ciudad, el banco Sareb controla un mínimo de 13.000 metros cuadrados, Inmotaver SL un total de 6.430 metros cuadrados y Roig más de 3.900 metros cuadrados.

Por otra parte, en l’horta de Faitanar que, según detallan, era un área del PGOU de 1998 considerada “zona inundable y no apta para urbanizar”, es donde se concentra las compras de la inmobiliaria Urbem que controla 23.000 metros cuadrados.

A la partida de Dalt de Campanar, zona protegida en plena producción y donde abundan molinos y alquerias protegidas, concentra las compras Nozar y Chamartín-Campanar que han llegado a una situación de insolvencia porque, según indican, ambas entidades entraron en concurso de acreedores. En concreto, Chamartinn-Campanar SL posee al menos 72.000 metros cuadrados.

Además, ha indicado que en esta zona de huerta, la Societat Agrària de Transformació ‘Labor de Caballero’ de Francisco Roig controla 29.000 metros cuadrados. “Está bien documentado la afinidad de Roig con la Generalitat y el hecho de que Bancaja, presidida por José Olivas, le ayudó en 2009 para resstructurar sus deudas, motivados en parate por la compra de terrenos en Campanar”.

De este modo, la plataforma ha reprobado que como la propiedad de esas empresa ahora ha pasado a los bancos prestatarios lo que la operación esconde es “beneficiar a los bancos que podían sanear sus balances”. “Las entidades bancarias que hace una década alimentaron la burbuja inmobiliaria financiando estas compras especulativas, ahora, en caso de aprobarse la revisión del PGOU, recibirían su premio”.

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